PROFUNDAMENTE PREOCUPADO por la grave amenaza que el tráfico de vida silvestre representa para la supervivencia de las especies protegidas y amenazadas, las comunidades locales y el estado de derecho;

CONSCIENTE de que el anonimato relativo del comercio por Internet y su facilidad de uso hacen posible que una amplia gama de especies silvestres y productos derivados de ellas de carácter ilegal sean objeto de tráfico con destino a un mercado más amplio que nunca;

RECONOCIENDO los esfuerzos de la UICN para hacer frente a los delitos que atentan contra el medio ambiente y la conservación y proteger las especies más frecuentemente objeto de tráfico;

RECORDANDO la Resolución 6.070 Delitos contra el medio ambiente (Hawai‘i, 2016), que, entre otras cosas, alienta la colaboración entre los actores pertinentes para examinar esos delitos y ofrecer conocimientos especializados jurídicos y de políticas a fin de responder a ellos;

RECORDANDO ADEMÁS la Resolución 6.076 Mejora de los medios de lucha contra los delitos ambientales (Hawai‘i, 2016), en la que, entre otras cosas, se solicita el fortalecimiento del derecho penal del medio ambiente;

ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN las medidas adoptadas para hacer frente a los delitos contra la vida silvestre relacionados con Internet por las Partes en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES);

ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN ADEMÁS los esfuerzos para combatir el tráfico de vida silvestre por medios informáticos, incluidos el proyecto GLACY+ de acción mundial ampliada contra la ciberdelincuencia, el Plan de acción mundial sobre la ciberdelincuencia contra la vida silvestre, la primera asociación intersectorial de organismos encargados de hacer cumplir la ley, ONG y académicos que vincula las políticas con las iniciativas del sector privado, y la Coalición para terminar con el tráfico de vida silvestre en línea, de la que forman parte más de 30 de las principales empresas de tecnología en línea del mundo;

OBSERVANDO el valor del Convenio sobre la Ciberdelincuencia en la prestación de asistencia a los países para la elaboración de legislación nacional, y como marco para la cooperación internacional entre agentes estatales;

OBSERVANDO TAMBIÉN el aumento de la concienciación pública y de los mecanismos públicos de denuncia, y que un intercambio más libre de información, conocimientos especializados y mejores prácticas entre las partes interesadas mejoraría la detección, disrupción y disuasión del tráfico de vida silvestre por medios informáticos;

RECONOCIENDO que la observancia de la ley se refuerza cuando se alienta, financieramente y de otras foras, a los testigos de delitos a proporcionar información (denunciarlos) a través de mecanismos adecuados a los fiscales y otros órganos encargados de hacer cumplir la ley según proceda, y se les protege contra posibles represalias cuando así lo hacen;

OBSERVANDO con preocupación que las autoridades de muchos países interesados no alientan las denuncias ni protegen a los denunciantes y por tanto desaprovechan oportunidades de identificar y enjuiciar el tráfico de vida silvestre;

APLAUDIENDO las medidas que ya han adoptado algunos gobiernos para hacer frente al tráfico de vida silvestre por medios informáticos, en particular la reforma de la legislación, el aumento de la capacidad de hacerla cumplir y la implicación de los sectores privado, académico y no gubernamental; y

OBSERVANDO que el crecimiento de los mercados en línea de productos ilícitos hace del período actual una coyuntura crítica en el tiempo;