CONSCIENTE de que los pueblos indígenas, los campesinos y las pequeñas comunidades agrícolas y otras formas organizativas locales a pequeña escala en todo el mundo han desempeñado y siguen desempeñando una función clave para proveer casi el 80% de los alimentos para la humanidad y vigilar el 80% de la diversidad biológica mundial;

RECONOCIENDO, a este respecto, la necesidad de integrar estas comunidades como actores clave en el trabajo para garantizar la seguridad alimentaria mundial y, al mismo tiempo, reconocer sus problemas de inseguridad alimentaria evidenciada, principalmente, por la malnutrición, problemas de salud y el impacto cada vez mayor de los efectos de los grandes cambios en los patrones climáticos y las actividades agrícolas industriales;

RECONOCIENDO TAMBIÉN que la Meta 3 de Aichi para la Diversidad Biológica, que debía alcanzarse en 2020, reconoce los impactos negativos de los subsidios mundiales para la agricultura y pesca sobre la diversidad biológica y el medio ambiente y que esto pone en peligro la capacidad de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas para mantener sus medios de subsistencia y lograr la seguridad alimentaria;

RECONOCIENDO ADEMÁS la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 (hambre cero), 6 (agua limpia y saneamiento), 9 (industria, innovación e infraestructura), 12 (producción y consumo responsables), 14 (vida submarina), 15 (vida de ecosistemas terrestres), 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 (alianzas para lograr los Objetivos) para fortalecer la soberanía y la seguridad alimentarias de los pueblos indígenas y comunidades campesinas;

RECONOCIENDO que la agrobiodiversidad es un componente que diferencia las prácticas de los pueblos indígenas, campesinos y pequeñas comunidades campesinas como una prioridad para la conservación y la construcción de la sostenibilidad, a la vez que les proporciona recursos para apoyar sus medios de subsistencia;

OBSERVANDO que los pueblos indígenas y las comunidades locales son reconocidos como los sujetos sociales centrales para la conservación y el desarrollo sostenible en el Artículo 8, subpárrafo j, del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB);

ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (DNUDC) por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2018;

OBSERVANDO que la DNUDC exhorta a los Estados a adoptar medidas en pro de la conservación y el uso sostenible de la tierra y otros recursos naturales, entre otras cosas, mediante la agroecología, y a garantizar las condiciones necesarias para que se regeneren los recursos biológicos y otras capacidades y ciclos naturales;

OBSERVANDO que la DNUDC reconoce el derecho de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales a definir sus propios sistemas de alimentación y agricultura, lo que muchos Estados y regiones reconocen como soberanía alimentaria;

RECORDANDO que el Congreso ha reconocido anteriormente el vínculo entre la promoción de la soberanía alimentaria y la conservación de la diversidad biológica (Resolución 3.017 Fomentar la soberanía alimentaria para conservar la biodiversidad y acabar con el hambre (Bangkok, 2004)), y ha reconocido la necesidad de que la UICN integre las cuestiones de derechos humanos en su labor (Resolución 5.099 La Política de la UICN sobre conservación y derechos humanos para el desarrollo sostenible (Jeju, 2012)); y

RESALTANDO ADEMÁS el hecho de que la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (PIDESC, artículo 11) reconocen el derecho humano a una alimentación adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado;