RECORDANDO que actualmente la salud de los ecosistemas marinos y costeros está amenazada gravemente por los efectos de las actividades humanas terrestres y marítimas, tales como el cambio climático y global, y que la presión que ejercen estas actividades cuestiona su integridad;

RECORDANDO que desde tiempos históricos el mar y las costas son lugares utilizados para actividades humanas y el desarrollo de nuevos usos y que la intensificación y diversificación de estas actividades dan lugar a un aumento del riesgo de conflictos por el uso de la tierra y de pérdida de biodiversidad y geodiversidad;

CONSIDERANDO por lo tanto que es necesario organizar dichas actividades de manera coherente y sostenible para reducir esos conflictos y esa pérdida de biodiversidad y geodiversidad;

RECORDANDO, en efecto, que estas actividades marítimas pueden estar asociadas a impactos indirectos, directos y en ocasiones irreversibles sobre el capital natural, y que a esos impactos individuales se añaden los impactos llamados “acumulativos” resultantes de la suma y combinación de esos impactos individuales, particularmente en el contexto del cambio climático; 

RECORDANDO TAMBIÉN que esos impactos acumulativos a menudo sobrepasan la suma de los impactos individuales y pueden tener efectos mucho más allá de los territorios marítimos y litorales en los que transcurren esas actividades;

RECORDANDO ASIMISMO que, aunque el espacio marino está dividido en zonas bajo jurisdicción nacional o internacional, también es un espacio en el que todos los Estados tienen intereses comunes;

RECORDANDO IGUALMENTE que, aunque los territorios con zonas marítimas y costeras pueden desarrollar legítimamente las riquezas asociadas a esos ecosistemas de manera sostenible, tienen la importante responsabilidad de protegerlos;

RECORDANDO ADEMÁS que los Estados se han comprometido a realizar una gestión integrada de las zonas costeras y una planificación de las zonas marítimas mediante el establecimiento de una gobernanza y unas estrategias adaptadas, incluyendo la planificación espacial, con arreglo a las recomendaciones de la Cumbre de Río y con vistas a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente el ODS relativo a la vida acuática, así como las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica;

RECONOCIENDO la labor y las conclusiones de los organismos internacionales (Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO) y regionales sobre la planificación de las zonas marítimas;

CONSIDERANDO la necesidad de aplicar un enfoque ecosistémico a escala de las regiones marinas, junto con el área de distribución de las especies migratorias, con miras a establecer una gobernanza y estrategias adaptadas, incluyendo la planificación espacial, que sean eficientes para el desarrollo sostenible de las actividades marítimas y costeras, y de entender adecuadamente los impactos acumulativos de todas las actividades actuales y futuras sujetas o no a autorizaciones, declaraciones o evaluaciones ambientales; y

CONSIDERANDO ADEMÁS que la planificación de las zonas marítimas es una herramienta que permite reforzar la protección necesaria de los ecosistemas marinos y costeros mediante la evaluación a priori de los impactos, incluidos los impactos acumulativos, y también prever las zonas de compensación necesarias que habría que restaurar o proteger con el objetivo de evitar la pérdida neta de biodiversidad y geodiversidad;